Más lejos del laissez faire, los gobiernos de la región avanzan con sus propias regulaciones.
Doce años pasaron desde que Satoshi Nakamoto implosionó el mundo de las finanzas convencionales. Las criptomonedas nacieron desde una economía paralela con un espíritu de libertad monetaria y por un tiempo se mantuvieron al margen, limitadas a un público de nicho de criptófilos, pioneros de la web, fintechs y emprendedores de startups con base tecnológica.
Una década después de aquél big bang encriptado, nombres como bitcoin y ether, entre otros criptoactivos, se asentaron en el glosario de los economistas y el común de la gente replicados por los medios de comunicación. ¿El motivo? Al final de 2019 las alzas abruptas y las ganancias inconmensurables de muchos de los tenedores centraron el foco en el fenómeno. El mercado se desarrolló en volumen y con un market cap alto para las empresas que explotaron el negocio. Allí donde el ojo indiferente solo veía una secuencia numérica de unos y ceros se registró un inédito multiplicador de riqueza con efectos traducibles al espacio económico real. Hoy la agenda política latinoamericana se debate entre la vanguardia pro-cripto que procura imitar la flexibilidad de Estonia, Letonia, y otros países de la ex Europa comunista, y aquellos gobiernos latinos que ven en el avance de las finanzas descentralizadas un demonio digital al cual exorcizar con el peso regulador del Estado.
En la experiencia de la región, las regulaciones propuestas por lo general se dedicaron a identificar a los intermediarios financieros y exchanges de las criptomonedas, concediendo licencias oficiales a estos operarios y fijando en algunos casos la necesidad de registrar los datos personales de los usuarios e inclusive de los operadores que intervienen en las transacciones. La ansiedad regulatoria de algunos Estados frente al fenómeno cripto, de una naturaleza económica sui géneris y dinámica mutable, encontró cierta resistencia dentro de la comunidad digital que suele mostrarse recelosa a cualquier intento de apertura informativa a la que ven como una intromisión a la privacidad.
El Salvador sacudió el tablero regulatorio unos meses atrás al anunciar que sería el primer país del globo en hacer del bitcoin una moneda de curso legal. Solo 16 artículos le bastaron al presidente y promotor de la iniciativa, Nayib Bukele para realizar este avance. Bukele, con sus cuarenta años e impronta millennial, es el mandatario más joven de Latinoamérica y un prolífico usuario de las redes sociales con las que busca posicionarse como un líder dos punto cero con referencia mundial. Acostumbrado a dar órdenes por Twitter a los ministros de su gabinete quienes retuitean sus comandos con un: “Ahorita mismo presidente”, promulgó la Ley Bitcoin con el objetivo de regular la criptomoneda y reconocerla de forma oficial como un activo financiero.
En el país centroamericano, siempre que sea ofrecida como medio de pago, los agentes económicos estarán obligados -a partir del 7 de septiembre- a aceptarla en cualquier compra de bienes y servicios, exceptuando aquellos casos donde la persona por sus limitaciones económicas no cuente con los recursos tecnológicos para ejecutar la operación. Para avanzar con la medida, Bukele instaló 200 cajeros automáticos de bitcoin a lo largo de El Salvador. BTC no tiene base monetaria por lo que el gobierno creó un fondo de 150 millones de dólares para respaldar las conversiones entre el activo digital y la moneda estadounidense. El mandatario confía en que se ahorrarán en el país 400 millones de dólares que sus ciudadanos gastan en las comisiones que las entidades financieras les cobran para recibir dinero desde el exterior. ¿Osadía, impulsividad o ingenio? Solo el tiempo puede juzgar lo que suceda en la economía de El Salvador que hoy funciona de laboratorio para una de las jugadas regulatorias más disruptivas en criptoactivos.
Menos radicales fueron otras experiencias en la región que se inclinaron hacia una adaptación progresiva de las criptomonedas en la economía. Hasta la legislación de Bukele, el país de Latinoamérica más avanzado en implementar regulación era México. En su ley de Fintech -con sus pro y sus contras- le dedicó un espacio central a los activos digitales, aunque se enfocó más en las entidades que las emiten y no tanto en las transacciones entre los usuarios privados. El Estado mexicano definió el marco de las criptomonedas y habilitó la práctica para las instituciones financieras, pero limitadas a la aprobación de su Banco Central que interviene en todas las operaciones.
La influencia de El Salvador caló con más profundidad en Panamá, que a través de su asamblea legislativa días atrás comenzó a tratar un proyecto para regular las criptomonedas y aceptarlas como medio de pago. La iniciativa introduce la novedad de habilitar su uso para cancelar cargas tributarias y deudas con el fisco, que el Estado luego tiene que canjear a stablecoins para evitar la volatilidad de un acopio estatal de los criptoactivos más fluctuantes. El proyecto también le dedica un capítulo especial a la criptominería, permitiendo la actividad con el uso de energías renovables y obligando a los mineros de la red a pagar el 25% de sus ganancias netas por las extracciones anuales de bitcoin.
En Sudamérica, todavía predomina la autorregulación del mercado cripto aunque también se avizoran proyectos que buscan limitar o definir su alcance. En Uruguay, un proyecto de ley recientemente ingresado pretende regular la compraventa y el almacenamiento de criptomonedas para darle un marco legal a la actividad y atraer inversiones de capital extranjero. De prosperar, el Estado sería quien monopolice la concesión de las licencias a los diferentes operarios. Lento y moderado es el avance de la regulación en Brasil, aunque las autoridades financieras vienen mostrando guiños al uso de las criptomonedas. En Paraguay avanza un proyecto ligado al bitcoin, con similitudes al caso de El Salvador, pero más centrado en potenciar la criptominería.
En la Argentina los criptófilos se multiplican y florecen día a día motivados en un principio por encontrar alternativas a la moneda local y un refugio a los efectos de la inflación, pero su regulación hasta el momento es oscilante. El oficialismo, a cargo del presidente Alberto Fernández, presentó en los últimos meses de 2020 un proyecto, que todavía no vio la luz, para regular en su totalidad todas las aristas que tocan el universo de los criptoactivos.
La iniciativa encendió algunas alarmas entre los juristas argentinos por su amplitud regulatoria y el objetivo impreciso de controlar el mercado de las criptomonedas. Las contrapropuestas al proyecto sostienen que el Estado, a través de su Comisión Nacional de Valores, tiene que limitarse a adaptar las nuevas tecnologías y permitir la creación de títulos de valor ligados a un sistema de blockchain en particular. Los especialistas también advirtieron sobre los riesgos de avanzar con una ley que equipara a los exchanges con una entidad bancaria tradicional.
La Argentina todavía no definió una postura clara sobre el futuro de las criptomonedas en el país. Sin embargo, recientemente el titular del Banco Central Miguel Ángel Pesce, analizó que es necesario hacer docencia con la población para explicar de qué se tratan estos instrumentos que pueden favorecer el acceso de las personas al mercado de capitales y reconoció el dinamismo que aportan las fintech al sistema.
El derrotero legal de los países de la región es tan heterogéneo como la multiplicidad de monedas que hacen al ecosistema cripto. La naturaleza supranacional con la que se manifiestan estos activos hace que sus transacciones financieras no puedan ser fácilmente intervenibles por los estados, una encrucijada para las intenciones regulatorias tanto de los países latinoamericanos como del resto del mundo. La privatización de la emisión monetaria va a seguir incomodando a los gobiernos, por lo menos mientras persistan en querer adiestrar a las criptomonedas.
En resumen, que El Salvador adopte el Bitcoin como moneda legal es un avance importantísimo para el ecosistema. Lo más probable es que veamos su impacto en el largo plazo. Es uno de esos sucesos que entran en la historia del Bitcoin y las criptomonedas. Así como una vez se realizó la primera operación con bitcoin, o cuando se adquirió un bien material -tal como ocurrió en el bitcoin pizza day-, lo ocurrido en El Salvador es un episodio trascendental. Que un país permita pagar con Bitcoin es algo increíble y no tengo dudas que será un punto de partida para que otros estados hagan lo mismo.
